La iniciativa propone que la Provincia asuma un rol activo en el monitoreo ambiental, con auditorías independientes, registro público y participación ciudadana obligatoria.

La legisladora provincial Brenda Austin (UCR) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Control de Depósitos de Residuos Radiactivos y No Radiactivos Peligrosos, una estructura institucional permanente destinada a fortalecer las capacidades de la Provincia de Córdoba en materia de monitoreo ambiental, transparencia y remediación de sitios con acumulación histórica de residuos nucleares.

La propuesta alcanza, entre otros, a la planta de Dioxitek S.A. y al depósito conocido como “El Chichón”, en barrio Alta Córdoba; al ex complejo minero de Los Gigantes; a la Central Nuclear de Embalse; y a instalaciones vinculadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“Esta discusión de coyuntura que se está dando en torno a Dioxitek puede ser una oportunidad para construir un andamiaje normativo que aumente las facultades de control de la provincia de Córdoba. La Provincia no puede ser un mero espectador del desarrollo de actividades nucleares en su territorio, sino que tiene que ser garante para la ciudadanía”, sostuvo Austin, quien además solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto en la sesión legislativa de este jueves.

Organismo técnico independiente

El proyecto contempla la creación de una Unidad Técnica autárquica con independencia funcional del Poder Ejecutivo provincial y una Comisión Especial legislativa de seguimiento. La Unidad tendría facultades para realizar monitoreos ambientales independientes sobre agua, suelo, aire, sedimentos y biota; exigir auditorías técnicas internacionales cada tres años, financiadas por los operadores; administrar un Registro Provincial público y digital; emitir dictámenes ante planes de remediación, traslados de residuos o nuevas instalaciones; convocar audiencias públicas obligatorias; y accionar judicialmente en defensa del ambiente provincial.

El diseño institucional prevé un Directorio plural integrado por representantes del Ejecutivo, universidades nacionales con sede en Córdoba, organizaciones de la sociedad civil, municipios del área de influencia y la Legislatura, con estrictas incompatibilidades para garantizar independencia respecto de los operadores.

Según explicó la legisladora, la propuesta “no invade competencias nacionales en materia de seguridad nuclear, sino que fortalece el control ambiental y sanitario desde la Provincia y eleva los estándares de transparencia, más allá de los controles que realiza la autoridad regulatoria nacional”.

Registro público y obligaciones estrictas

La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial de Depósitos de Residuos Radiactivos y No Radiactivos Peligrosos, de acceso libre, en el que deberá constar la identificación de cada sitio, el operador responsable, el historial de accidentes y eventos, el estado de los planes de remediación y las restricciones de uso del suelo.

Asimismo, dispone que los operadores presenten informes semestrales obligatorios, notifiquen accidentes dentro de las 24 horas, permitan inspecciones provinciales y no impongan cláusulas de confidencialidad que impidan denuncias de trabajadores ante organismos de control. El texto incorpora además un régimen específico de protección para denunciantes.

Participación ciudadana y monitoreo sanitario

Entre los ejes centrales del proyecto se encuentran la participación ciudadana y el monitoreo sanitario. El texto prevé audiencias públicas antes de decisiones relevantes, simulacros de contingencia en coordinación con centros de salud y la elaboración de planes ciudadanos de emergencia. También dispone la creación de un registro epidemiológico permanente en las áreas de influencia de los depósitos, con actualización anual y acceso público.

Austin señaló que uno de los objetivos es impulsar con mayor firmeza la remediación de sitios que presentan pasivos ambientales, como el caso de Los Gigantes, donde —según fundamentos del proyecto— quedaron depositadas aproximadamente tres millones de toneladas de colas, estériles y lodos en la cabecera de la cuenca que abastece de agua potable a la ciudad de Córdoba y al Valle de Punilla.

En el caso de Dioxitek, el proyecto menciona que en barrio Alta Córdoba se encuentran enterradas 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad generados desde 1952, conocidos como “El Chichón”.

La Secretaría de Ambiente en la mira

La legisladora manifestó preocupación por el retraso en la puesta en marcha de planes de remediación, particularmente en el caso del yacimiento Schlagintweit, en el complejo de Los Gigantes. Según información oficial citada en el proyecto, el Plan de Cierre fue presentado en 2017 y aún no cuenta con acto administrativo resolutivo.

De acuerdo con la respuesta a un pedido de informes, la Secretaría de Ambiente provincial tramita el pedido de cierre y señaló que el trámite no se concluyó por incumplimientos de requerimientos técnicos. También se mencionan estudios ambientales pendientes vinculados a la rotura de un dique.

Austin sostuvo que la situación evidencia problemas de coordinación entre distintas áreas del Estado provincial, entre ellas la Administración Provincial de Recursos Hídricos y la autoridad minera, lo que —según afirmó— fragmenta el control y debilita la capacidad de actuación integral.

Participación provincial en decisiones nacionales

El proyecto establece que toda decisión nacional que implique nuevas instalaciones, traslado de residuos, clausura o modificación de operaciones en territorio cordobés deberá notificarse a la Provincia con al menos 60 días de anticipación, a fin de que la Unidad Técnica emita dictamen. También promueve acuerdos interjurisdiccionales para coordinar información en tiempo real y programas de monitoreo complementarios.

Fundamentos legales

La iniciativa se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Acuerdo de Escazú, que consagran el derecho a un ambiente sano, el acceso a la información y la participación ciudadana. Asimismo, invoca la Ley N° 25.018 de Residuos Radiactivos, que dispone que la CNEA remita a las provincias la documentación del sistema de registro e inventario de residuos.

En los fundamentos se advierte sobre remediaciones inconclusas, potenciales conflictos de interés por la concentración de funciones en organismos nacionales y la necesidad de un control independiente con anclaje provincial. “No se trata de generar alarma, sino de construir reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de control que le den tranquilidad a la ciudadanía cordobesa”, concluyó Austin.