Concejales de la ciudad vinieron al campus a testimoniar su apoyo en la puja de las casas de altos estudios para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de financiamiento universitario. La presencia de los ediles, horas después de un fallo judicial que declaró inaplicable el decreto del Poder Ejecutivo que la suspendía la norma, fue recibida con satisfacción por autoridades de la UNRC.
Ana Medina, presidente del Concejo Deliberante de Río Cuarto, dijo a la 97.7 que “la idea es tener nuevas reuniones con docentes, nodocentes y estudiantes”, al cabo de la mantenida este 1 de abril con funcionarios rectorales y de facultades. Señaló que el cumplimiento de la ley 27.795 tendrá un impacto no solo en términos salariales y de becas para el alumnado sino en el “desarrollo económico local y regional”. Consideró que “la ciudadanía se tiene que apropiar de esta preocupación” motivada por “una de las crisis más importantes de la universidad pública argentina”.
Marisa Rovera, rectora de la UNRC, manifestó su “beneplácito por el respaldo” de los concejales, a quienes se les informó acerca de cómo el desfinanciamiento incide sobre “variables cuantitativas y cualitativas” del desarrollo universitario. Destacó el recurso de amparo colectivo presentado en el segundo semestre de 2025 por el Concejo Interuniversitario Nacional y estimó como “un gran avance” el fallo de la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar por la cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a aplicar la ley.
