Empezó el 2026 y con la promulgación de la ley de Presupuesto 2026, el sector agropecuario ya tiene definidas las reglas fiscales del año. El mensaje que deja la norma es claro: ajuste focalizado, énfasis en gastos operativos y una fuerte apuesta a los organismos con capacidad de autofinanciamiento.

En ese esquema, la Secretaría de Agricultura aparece entre las áreas más castigadas, mientras que el Senasa sorprende con un incremento cercano al 19% en sus recursos.

La cartera que conduce Sergio Iraeta contará en 2026 con una partida total de $375.461 millones, lo que implica una caída nominal del 10,9% respecto de los $421.248 millones asignados en 2025.

El detalle del presupuesto muestra un fuerte peso del gasto corriente, con $301.622 millones destinados a funcionamiento, salarios y transferencias, y apenas $1231 millones para inversiones reales directas.

El perfil es el de una estructura enfocada en sostener la operatoria diaria, con escaso margen para infraestructura o nuevos programas.

Este recorte contrasta con el discurso oficial de eficiencia y revisión de los entes descentralizados. En ese marco, el Senasa se consolida como la excepción.

El organismo sanitario tendrá autorizados $203.709 millones en gastos, además de una deuda pública por $1661 millones, pero con una previsión de ingresos muy superior: $295.409 millones, provenientes mayormente de tasas, aranceles y venta de servicios.

El resultado es un organismo claramente superavitario, con capacidad de autofinanciarse y crecer.

Otro foco de atención es el INTA, que en medio de versiones sobre retiros voluntarios y reestructuración, contará con $233.330 millones para servicios sociales, más $25.000 millones en gastos figurativos.

Si bien el organismo muestra un crecimiento interanual del 15,8%, el incremento queda muy por debajo de la inflación proyectada, lo que en términos reales implica una pérdida de capacidad operativa. El presupuesto prevé una dotación de 7145 empleados, entre permanentes y temporarios.

En el caso del Inase, el presupuesto refleja una virtual congelación. Con $21.230 millones en gastos y una planta reducida de 138 personas, el organismo proyecta ingresos por $37.754 millones, principalmente por venta de servicios, lo que también lo posiciona como un ente con saldo positivo para el Tesoro, aunque con una leve caída nominal del 2,5% frente al año anterior.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) recibirá $16.629 millones, apenas un 1% más que en 2025, con ingresos propios estimados en $6500 millones, lo que refuerza su dependencia del financiamiento estatal.

Una situación similar se observa en el Inidep, que contará con $23.249 millones, pero con una recaudación propia prácticamente inexistente.

En síntesis, el Presupuesto 2026 confirma una estrategia de ajuste quirúrgico en el agro, donde la Secretaría de Agricultura pierde peso, los organismos técnicos se mantienen con recursos justos y el Senasa emerge como el gran fortalecido, apalancado en su capacidad de recaudar.

Para el sector productivo, el mensaje es ambiguo: más control y sanidad, pero menos músculo presupuestario para políticas de desarrollo y promoción.