Facundo Manzoni acusó al exjefe comunal de Viamonte, Gabriel Fernández por realizarse “autopréstamos financieros a intereses cero” que consignaba como “adelantos de sueldo”. Qué delitos y penas le cabrían por este manejo discrecional.

En la localidad de Viamonte, Facundo Manzoni, conocido como “el intendente del sulki”, asumió como intendente el 10 de diciembre. En sus primeras 72 horas de gestión dio de baja los bonos que se usaban para pagar a los empleados municipales, y que eran una especie de vales que servían solo para hacer compras en algunos comercios del pueblo.

Al notar que no tenía fondos para pagar los sueldos y aguinaldos de esos mismos trabajadores, y que su antecesor Gabriel Fernández le debía al municipio casi tres millones de pesos, revisó cómo había sido el manejo del Presupuesto. Lo que descubrió terminó convirtiéndose en una denuncia que está radicada en la fiscalía de La Carlota.

Manzoni pidió “un informe al área de Tesorería de la Municipalidad” y solicitó que la Justicia investigue los reiterados retiros de dinero que realizó Fernández de la cuenta que la Municipalidad de Viamonte tiene en el Banco de Córdoba.

En el documento presentado por Manzoni junto a su abogado Juan Pablo Oviedo, se indica que los retiros que hacía el exintendente “eran remitidos directamente de la cuenta de la Municipalidad a su cuenta personal, y a la cuenta cuya titularidad es mancomunada con su esposa”.

Los pedidos y transferencias de dinero que se hicieron desde el 2015 hasta el 2023 “totalizan la suma de $10.223.258,47″, y si bien Fernández hizo algunas devoluciones, “de los cálculos se desprende que al 10 de diciembre restaban integrar $2.610.251,82″.

Facundo Manzoni explicó que “si bien administrativamente” estos movimientos “se consignaban como adelanto de sueldo, la realidad era que el exintendente percibía su salario de manera regular y lo que hacía concretamente eran autopréstamos financieros a intereses cero, por cuanto la devolución era nominal, en medio de un contexto claramente inflacionario”.

“El dinero que se autoprestaba no correspondía a la partida de salarios”, sino que “estaba presupuestado para otros gastos, dándole en consecuencia un destino distinto al aprobado por el Concejo Deliberante”, expresa el documento.