La Legislatura de la Provincia actualizó dos leyes que regulaban el ejercicio profesional del sector, introdujo cambios en la colegiación y adecuó la terminología, para dejar de utilizar la categoría de «servicio social» para referirse al «trabajo social».

En una nueva sesión ordinaria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, este miércoles fueron aprobadas dos leyes que actualizan las normativas vigentes (7341 y 7342) que regulan el ejercicio del trabajo social e introducen cambios en su colegiación.

Según se explicó oficialmente, las modificaciones planteadas en los proyectos aprobados atienden a las transformaciones sociales, políticas y culturales que acontecieron, tanto a nivel nacional como mundial, desde 1985 cuando fueron sancionadas las normas actuales. Asimismo, se adecua a la ley nacional N° 27.072 (Ley Federal del Trabajo Social).

Ambos expedientes fueron presentados por los legisladores oficialistas Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, tras un nutrido intercambio con profesionales y académicos. Por este motivo, integrantes del Colegio Profesional, representantes de la Fepuc y autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acompañaron el tratamiento y votación en el recinto.

Por un lado, el proyecto 42674 actualiza la ley 7.341, que regula el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus ramas o especialidades, en el ámbito de la provincia. “A lo largo de estos años, ha habido grandes cambios en el Trabajo Social a partir de nuevas concepciones acerca del quehacer profesional, de las incumbencias, de nuevos campos de intervención e incluso nuevos títulos que avalan el ejercicio profesional”, argumenta el texto del proyecto. En ese sentido, la norma avalada renueva entonces las incumbencias de la profesión como también los derechos y obligaciones de los profesionales.

Por otro lado, entre sus aspectos más destacados, el proyecto 42675 propone la adecuación de la terminología cambiando el nombre de “servicio social” a “trabajo social”.

 

Una vez creado el flamante Colegio de Profesionales en Trabajo Social, el mismo desarrollará sus actividades con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal. Será el único ente reconocido por el Estado Provincial para la realización de los objetivos y finalidades expresados en esta ley.

Además, se amplían sus funciones y alcances, debiendo incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva social en su accionar. Así, no sólo es el encargado de otorgar y controlar la matrícula habilitante para el desempeño de la profesión, entre sus responsabilidades y obligaciones incorpora asumir la protección de sus miembros en el ejercicio profesional en los planos ético, técnico, económico y social; proponer un régimen de aranceles mínimos obligatorios para la prestación de servicios; actuar contra el ejercicio ilegal de la profesión, entre otros.

También, apuesta a la democratización de la institución, al crear una estructura organizacional federal y participativa. Es decir que establece delegaciones regionales, que contarán con sus propias autoridades y un órgano ejecutivo provincial – el Consejo Superior- que se conformará por una Mesa Ejecutiva y con representación ponderada de las delegaciones.

“Estas normas no nacen de un escritorio, sino del diálogo y articulación con el sector. Así entendemos la política, trabajando con la gente y construyendo herramientas para mejorar realidades”, dijo el legislador Chamorro, en calidad de voz informante. Y continuó: “No es una ley solo de colegiación ni de regulación del ejercicio profesional, es una herramienta de transformación y construcción de futuro”.

Mientras que la legisladora Ariela Szpanin, señaló: “Con estas leyes se fortalece a una institución que tiene un rol central en la sociedad, pues los trabajadores sociales son la primera línea frente a la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, la discapacidad y otras realidades que interpelan diariamente al Estado. Es una actualización necesaria. Es una inversión en dignidad y reconocimiento”.

“No hay justicia social posible sin trabajadores y trabajadoras sociales. Estas leyes son una herramienta para fortalecer nuestra democracia”, concluyó Chamorro.