Un nuevo reporte del Observatorio Nacional «Mujeres, Disidencias, Derechos» de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) reveló que entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2025 se cometieron 182 crímenes atravesados por la violencia de género en el país y que eso implica que se perpetra un femicidio cada 36 horas.
De los femicidios cometidos hasta el 29 de septiembre, 141 fueron directos, 16 fueron vinculados, 16 fueron en contexto narco o de crimen organizado; y hubo además 758 intentos de femicidio.
Según revela el informe, producto de los femicidios cometidos en lo que va de 2025, 120 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.
Asimismo, se expone que el 14% de las víctimas había denunciado a su agresor; que el 73% de los femicidios fue cometido por la ex pareja o familiar de la víctima y el 70% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.
Asimismo, se indicó que el 10% de los femicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad; que el 7,5% de las víctimas estuvieron desaparecidas y que el 32% de los femicidas convivía con la víctima al momento del crimen.
Víctimas sin protección
A pocos días del hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri, asesinadas brutalmente en la provincia de Buenos Aires, Mumalá advierte que «la combinación de poder desigual, misoginia institucional, impunidad, corrupción estatal y desguace de políticas públicas deja a las víctimas sin protección, mientras el Estado nacional libera el territorio al narcotráfico».
En este sentido, señalaron que «los territorios más vulnerables son escenario de captación de víctimas y de ataques armados, donde mujeres, niñas, adolescentes, travestis-trans y lesbianas están expuestas a riesgos específicos: vínculos forzados con actores criminales, precariedad de vida, presencia de grupos armados y circulación de armas legales e ilegales».
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, advirtió sobre el crimen de las tres jóvenes: “Éste es el impacto directo de los recortes, el vaciamiento de la asistencia estatal y la falta de control sobre dinero y armas que promueve el gobierno de Javier Milei. Sólo con políticas integrales de género y seguridad, articuladas entre Nación, provincias y municipios, podremos revertir esta dramática realidad”.
En ese marco, desde Mumalá reiteraron la exigencia de que se declare la «emergencia naciona en violencias de género» para «recuperar políticas de prevención y asistencia, con inversión social, salud, educación, cultura y trabajo».