Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera 

El discurso que el presidente Javier Milei expuso en cadena nacional, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 ante el Congreso, difícilmente merezca un análisis serio. Se pareció más al guion de un cínico que habita un mundo paralelo, donde las mentiras no solo se inventan, sino que además se terminan creyendo.

El objetivo de este gobierno parece ser arrasar con el Estado en todos sus ámbitos, sin medir consecuencias ni atender las necesidades de la sociedad. Lo único que se prioriza son los negocios financieros de un pequeño grupo de especuladores cercanos al poder, convertidos en bandera política.

Cuando hablan de índices de pobreza, mienten. Cuando hablan de equilibrio fiscal, mienten. Cuando hablan de déficit cero, mienten. Cuando hablan de mejora del poder adquisitivo, mienten. Cuando hablan de salud o de educación, mienten. Incluso cuando invocan la austeridad, mienten. El gobierno se ha transformado en una maquinaria de falsedades.

Lo más preocupante no es ya el proceder del propio Milei, de su hermana Karina y de su séquito, que serán recordados en el futuro como la expresión más grotesca de una etapa de degradación institucional. Lo inquietante es que el sistema político argentino y la institucionalidad federal avalen, en nombre de una supuesta gobernabilidad, este avasallamiento impune de derechos y libertades.

En Córdoba, por ejemplo, durante el balotaje presidencial, el oficialismo provincial de entonces acompañó explícitamente la candidatura de Milei, del mismo modo que antes había respaldado a Mauricio Macri. En el Congreso, muchos de sus legisladores votaron a favor de leyes que concentraban poder en la Casa Rosada y debilitaban la esencia misma del Parlamento.

Resulta ofensivo que no asuman responsabilidad alguna y que no reconozcan su rol en este escenario. Esa complicidad también es parte del problema.

Hoy, la política nos ofrece una herramienta decisiva: la posibilidad de elegir. Será tarea de cada ciudadano reflexionar si desea seguir avalando a un gobierno que miente y agrede a la ciudadanía, o si llegó el momento de despertar de la pasividad y ejercer el voto como un acto de defensa propia.

Desde esta columna siempre se marcó una diferencia clara con el gobierno nacional: se lo rechazó y se lo repudió. Pero también corresponde exigir a nuestros representantes provinciales que definan su rol. ¿Están en el Congreso para defender a Córdoba y sus derechos, o para seguir convalidando un experimento federal errático y torpe que multiplica perjuicios en todos los órdenes de la vida cotidiana?