Milei ya había adelantado que objetaría la ley en caso de que se frenara el veto. En ese marco, el oficialismo prepara su estrategia judicial, pero lo hace en un contexto adverso tras los audios por las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

El Gobierno sufrió un duro revés en el Senado, luego que este jueves los legisladores rechazaran el veto de Milei a la Ley de Discapacidad. En ese marco, el oficialismo prepara su estrategia judicial en un contexto adverso, en el que crece la preocupación por el impacto de los audios por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica de lleno a la hermana del Presidente.

En el Gobierno ratifican que Javier Milei «vetará cualquiera iniciativa que altere el equilibrio fiscal». El propio Presidente lo había anticipado el mes pasado durante una entrevista, en la que sostuvo: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.

Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, en el Gobierno analizan la estrategia judicial para avanzar con el rechazo a la medida. Según publicó Ámbito, el oficialismo estudia ir con una denuncia contra la oposición, argumentando que no cuenta con el financiamiento para ejecutar dichas políticas públicas y que, pese a que esto fue manifestado, el Congreso optó por «imponer» la iniciativa.

El equipo legal se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En segundo lugar, aunque menos factible, el oficialismo podría alegar que la sesión fue ilegal ya que su convocatoria es una atribución presidencial.

Sin embargo, Milei se enfrenta a un escollo para avanzar en su denuncia, ya que según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB.